Biblioguias: Estado Abierto en América Latina y el Caribe: Transparencia

Transparencia

La transparencia gubernamental es un principio que se refiere a un modo de actuar de la Administración Pública. Consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. La transparencia no solo es una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, sino también de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos. [1]

Estándares de transparencia:

Fuente: Naser, Alejandra y Alvaro Ramírez Alujas, (2013), "Plan de gobierno abierto: Una hoja de ruta para los gobiernos de la región", Santiago, CEPAL. 68 p. Serie ManualesNo. 81, (LC/L.3802 - LC/IP/L.333)

[1] Naser, Alejandra y Gastón Concha (2012). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad; Santiago, CEPAL. p. 30. Documentos de Proyectos No.465 (LC/W.465)

Acceso a la información y rendición de cuentas

La transparencia, a su vez, tiene una estricta relación con el acceso a la información y la rendición de cuentas.

El acceso a la información es un derecho de la ciudadanía a solicitar información pública y a obtener una respuesta en un tiempo razonable, en la medida que dicha información no sea reservada o tenga alguna excepción establecida por la ley. Es reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19) y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (Art. 13).

La rendición de cuentas es un deber legal y ético. Es una acción que se fundamenta en normas, procedimientos y mecanismos institucionales que obligan a las autoridades a:

Fundamentar su proceder y asumir la responsabilidad sobre sus decisiones
Informar sobre la gestión de fondos, bienes y recursos que les fueron asignados
Informar los resultados obtenidos durante su gestión

Estándares de rendición de cuentas:

Códigos de conducta	Normas claras de comportamiento. Esto debe ser aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos electos y no electos sobre sus actos y decisiones, asegurando el evitar la participación en las decisiones o sentencias afectadas por sus intereses privados.
Mecanismos de prevención de los conflictos de intereses	Debe existir un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados.
Publicidad de los Bienes	Un régimen eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes) crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.
Transparencia y regulación del Lobby	Las acciones del lobby deben estar sujetas a controles normativos acompañados de la suficiente transparencia para garantizar que el público tenga la supervisión sobre la influencia de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones.
Mecanismos de denuncias y protección para denunciantes	Deben existir canales de protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas, irregularidades, mala administración, etc., y mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia frente a estas revelaciones.
Transparencia en compras públicas y adquisiciones	Debe existir una total transparencia en los procesos de contratación pública, con el objetivo de reducir las oportunidades de corrupción y garantizar el gasto efectivo de los fondos públicos, así como la creación de unas condiciones de igualdad de oportunidades de negocio.
Organismos de supervisión / vigilancia independientes	Deben existir organismos independientes que supervisen el ejercicio del poder público, que pueden ir desde las instituciones Ombudsman (Defensor del Pueblo) para la supervisión de los servicios públicos y el gasto público (oficinas de auditoría) a la fiscalización de los poderes legislativo y judicial.