Estado Abierto en América Latina y el Caribe

La participación ciudadana es lo que sustenta y sostiene al Estado abierto. Es un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho exigible a los poderes públicos y una responsabilidad cívica. De esta forma, es un proceso de doble vía que requiere una ciudadanía activa y un fomento estatal. Al igual que el acceso a la información, es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 21). 

En un mundo cada vez más complejo, las contribuciones de los ciudadanos son un recurso imprescindible para la formulación de políticas públicas. Una adecuada toma de decisiones requiere de los conocimientos, experiencias, opiniones y valores de los ciudadanos. La implementación de las decisiones difíciles depende, en buena medida, del consentimiento, aprobación y apoyo de los ciudadanos. Además, la participación ciudadana debe estar presente en todas las etapas del ciclo de una política pública (diseño y formulación, implementación, seguimiento y evaluación) y en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local). 

Para que la participación sea legítima y eficaz, es necesario asegurar que se enmarque en estos principios fundamentales. Estos principios establecen características que deben tener los procesos de participación ciudadana y cocreación para ser validados por la ciudadanía, es decir, para que quienes participan de un proceso lo hagan con la confianza de que se cumplen las condiciones para asegurar que no haya manipulación deliberada o fallas involuntarias en los resultados que se obtienen.

Fuente: Elaborado a partir de Open Government Partnership, Estándares de participación y cocreación.