Derechos ambientales y gobernabilidad

La Declaración de Río de Janeiro, ssobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo, adoptada en 1992, contiene 27 principios generales sobre el medio ambiente y el desarrollo. El Principio 10 establece:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

El Principio 10 establece tres derechos fundamentales: el acceso a la información, el acceso a la participación pública y el acceso a la justicia, como pilares clave de una gobernanza ambiental sólida. Los “derechos de acceso” han emergido para ser muy importantes en la promoción de una gobernanza ambiental transparente, inclusiva y responsable. El acceso a la información empodera a los ciudadanos y los incentiva a participar en los procesos de toma de decisiones y políticas de manera informada. La participación pública se considera cada vez más como una parte vital para abordar los problemas ambientales y lograr un desarrollo sostenible al alentar a los gobiernos a adoptar políticas y promulgar leyes que tengan en cuenta las necesidades de la comunidad. El acceso a la justicia proporciona la base de los "derechos de acceso", ya que facilita la capacidad del público para hacer cumplir su derecho a participar, a informarse y responsabilizar a los reguladores y contaminadores por los daños ambientales.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río + 20) volvió a confirmar el Principio 10, en su documento final, "El futuro que queremos", y también subrayó su importancia a nivel regional.

Para avanzar en la implementación del Principio 10, en 2010 los gobiernos en la 11ª Sesión Especial del Consejo de Administración / Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial (Bali, Indonesia) adoptaron las Directrices para el Desarrollo de la Legislación Nacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales (Directrices de Bali). Desde entonces, estas directrices se han utilizado para desarrollar legislación ambiental nacional en varios países. 

La "Nueva Agenda Urbana” se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 23 de diciembre de 2016.

La Conferencia Habitat se celebra cada 10 años (1976, 1996 y 2016) y ofrece una oportunidad única para debatir el gran reto de cómo se planifican y gestionan las ciudades, pueblos y aldeas, con el fin de cumplir con su papel como motores del desarrollo sostenible y, por lo tanto, dar forma a la implementación de los nuevos objetivos de desarrollo global y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.