Institucionalidad social

Se refiere al sustrato legal sobre el que se diseñan e implementan las políticas y que rige la participación de los diversos actores. Esta dimensión se compone del conjunto de marcos constitucionales, leyes y reglamentos de cada país. A ellos se suman los tratados y acuerdos internacionales firmados o ratificados, que tienen validez legal interna o sirven como referencia para los compromisos asumidos por los Estados a nivel nacional e internacional en el área social. (Martínez 2019, p.35)


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Se relaciona con la estructura formal y los modelos de toma de decisiones y de comunicación y coordinación existentes entre los diversos actores que participan en la implementación de las políticas. En el plano supranacional, ello incluye los organismos internacionales, regionales y subregionales. En el plano nacional involucra los niveles central, subnacional y local, así como las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la propia población destinataria, cada uno con su papel respectivo. Derivada del marco jurídico-normativo y de la organización general de cada Estado, la dimensión organizacional se refiere a los organismos que detentan la autoridad y, por tanto, tienen a su cargo las funciones de coordinación y de gobierno en materia social. También se refiere a la estructura gubernamental que caracteriza a los distintos organismos y el alcance que tienen sus mandatos. En suma, refleja la distribución de funciones en materia social, lo que puede abarcar el conjunto de la política social o un área en particular. (Martínez 2019, p.37)

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Se incluyen los instrumentos y herramientas necesarios para implementar la política de manera eficaz (que cumpla con las metas de ejecución y cobertura), eficiente (en el uso de los recursos), efectiva (en alcanzar los objetivos de la política), transparente y participativa.Esta dimensión supone considerar los procedimientos, recursos físicos y capacidades técnicas disponibles respecto de la implementación de las políticas públicas en su conjunto, o bien exclusivamente las sociales. Para su análisis, se destacan tres grandes categorías: i) los instrumentos y procesos de planificación estratégica; ii) los sistemas de información para el diagnóstico, monitoreo y evaluación, y iii) las herramientas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas. (Martínez 2019, p.43)

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Esta dimensión aporta dos elementos significativos al análisis de la institucionalidad social. Por un lado, la consideración acerca de la magnitud de los recursos destinados a financiar las políticas sociales permite estimar la prioridad que tienen tales problemáticas para un determinado país, desde la perspectiva de los encargados de adoptar decisiones en materia de políticas públicas. Por otro lado, esta magnitud también señala el margen de maniobra de los funcionarios públicos. Las dotaciones presupuestarias escasas o insuficientes para hacer frente a una problemática social compleja y amplia representan un límite infranqueable para la política social, que va más allá de las posibilidades de la gestión propiamente dicha. Entre los aspectos que destacan como indicadores relevantes para conocer de esta dimensión se incluyen: las fuentes de financiamiento; la suficiencia de los recursos; y la capacidad de ejecución.  (Martínez 2019, p.46)

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