Discapacidad e inclusión social

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entraron en vigor el 3 de mayo de 2008. Representan un instrumento jurídico internacional, que protege los derechos de las personas con discapacidad y en el que se reafirma que todas las personas, cualquiera que sea su discapacidad, pueden gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Convención y cada uno de sus artículos se basan en ocho principios rectores:

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 
2. La no discriminación; 
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 
5. La igualdad de oportunidades; 
6. La accesibilidad;
7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 
8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

La Convención está supervisada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Los Estados Partes le debe presentar períodicamente, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que han adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate.

Véase además: Signatarios y ratificaciones de la Convención y del Protocolo Facultativo.