Naciones Unidas

De Gobierno Abierto a Estado Abierto

¿De qué hablamos?

Hace algunos años el concepto “Gobierno Abierto” era un ideal donde sólo algunos países se encontraban en vías de aplicar políticas consecuentes con aquella idea. Afortunadamente, gracias al arduo y coordinado trabajo de los países del mundo, actualmente el concepto ha traspasado la barrera teórica y se ha llenado de contenido, materializándose en políticas concretas y casos de éxito. Incluso, con los años el concepto ha evolucionado y hoy día podemos hablar de Estado Abierto haciendo referencia a una extensión de los principios del Gobierno Abierto a todos los niveles y poderes del Estado.   

A pesar de los amplios avances que se han dado en la materia, quedan aún desafíos por abordar. Uno de ellos es de carácter nodal: el Gobierno Abierto no es una variable más a tener en cuenta dentro del espectro de políticas de un Estado, el Gobierno Abierto es una nueva forma de gestión pública. Se presenta ante nosotros como un nuevo marco que debe impregnar todos los aspectos públicos.

El desafío consiste entonces en tomar al Gobierno Abierto como la matriz que articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, el presupuesto, la ejecución, y el seguimiento y evaluación de políticas públicas deben estar basados en este nuevo paradigma.

Es así que el paradigma de gobierno abierto constituye un eje fundamental para cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas.

En línea con estas ideas, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL argumenta: “El quehacer de lo público no se trata sólo de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Se trata de fortalecer lo colectivo, lo de todos, con plena conciencia y con derechos y responsabilidades. Son bienvenidas las acciones de los gobiernos en la dirección de la transparencia, la participación y la justicia, y es necesario que participen las otras instancias del Estado, es decir, además del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también los niveles subnacionales de gobierno” (Bárcena, 2015).

 

¿Qué es Justicia Abierta?

Podemos entender que se considera Justicia Abierta a una visión filosófica que amparada  en los principios del Gobierno Abierto, tales como transparencia, participación y colaboración debe aplicarse holísticamente en el ámbito de la justicia, en todas sus expresiones y ramas del derecho en general, teniendo como herramienta y soporte las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La Justicia Abierta es mucho más que una oferta de servicios en línea, se trata de una filosofía de gobierno que transita, desde  la opacidad a la transparencia, de la justicia  “para” al gobierno “con los habitantes”.

Cuando dialogamos sobre Gobierno Abierto, lo hacemos para entender por qué hacemos lo que hacemos, gestionar con sentido de valor público, simplificar los procedimientos de la administración, actuar a escala humana, transitar de una cultura administrativa weberiana a una matricial con foco en la  ciudadanía. Se trata de invitar a la ciudadanía a co construir la sociedad que necesitamos en un momento y en un territorio determinado respetando y valorando la  diversidad cultural en el marco de un estado social de derecho.

Así, podemos entender la justicia abierta como “una forma de gestión de la administración de justicia que desde la transparencia,  la colaboración y la participación dialogante con la ciudadanía y las instituciones afines al poder judicial,  busca  satisfacer  necesidades o pretensiones  específicas de todos  los interesados o intervinientes” (Sharp, 2017).

En rigor,  cuando hablamos de justicia abierta, pareciera ser una obviedad ya que el estado natural de la justicia es su apertura a todos quienes la demanden  en el marco de un estado social de derecho. Sin embargo, “El Poder Judicial es una de las instituciones públicas menos sometidas al escrutinio público; no existen estrategias sistemáticas de rendición de cuentas para los jueces y funcionarios judiciales, tampoco una reflexión comprensiva sobre la calidad del servicio de justicia” (Elena y otros, 2014).

Es así como históricamente, la Justicia fue el poder más conservador, formalizado y jerárquico del sistema republicano. Este modo de operar, se vio reforzado por múltiples mecanismos simbólicos, cuyo fin era consagrar a la Justicia como un espacio de resolución de conflictos por completo ajeno al accionar cotidiano de la vida de las personas. Esa ajenidad, era lo que podía asegurar la aceptabilidad de sus decisiones finales, que siempre aparecían impuestas desde la imparcialidad y el cumplimiento estricto de normas de fondo y de forma (Kaufman, 2015).

En este sentido, ¿qué significa implementar los principios de gobierno abierto en el Poder Judicial? Brindar una justicia más accesible, más efectiva, más transparente, más abierta y más cercana al ciudadano y a sus necesidades actuales (Naser y Ramírez-Alujas, 2014).

 

• Principios de la Justicia Abierta:

En virtud la definición de justicia abierta podemos colegir que ésta es en rigor una filosofía en la forma de administrar justicia y como tal se sustenta en tres principios fundamentales a saber

Transparencia: Es un valor a partir del cual se construye la política de Justicia abierta y sobre la cual se adoptan decisiones a partir  de una minería de datos los cuales deben ser  por regla general públicos ya que son financiados con recursos públicos, cumplir con estándares reconocidos, es decir, en formato abierto, procesables, accesibles a través de herramientas tecnológicas y sobre todo comprensible.

En este valor debemos tener muy presente lo señalado por la RES. 147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la OEA la cual señala que la información debe ser pública, las excepciones deberán establecerse por ley de manera taxativa, que esta obligación debe extenderse a todos los órganos de la administración pública y que dicha información sea accesible y comprensible.

Participación: Se trata del diálogo ciudadano, que es donde reside la soberanía, ellos son los mandantes de la política pública. Este principio implica la obligación de la administración a crear los canales necesarios para co construir desde la participación dialogante, un Estado más eficaz y eficiente en la inversión de los recursos público. Diálogo que también debe construirse desde la transparencia en una relación vis a vis.

Colaboración- coworking: Se trata de una dinámica de co- creación entre todos los intervinientes de la política pública, que involucra lo público y lo privado en una lógica de inteligencia colectiva,  sobre una plataforma de trabajo con unidad de propósito. Se trata de evitar la duplicidad de funciones y transitar del archipiélago al continente.

En definitiva, la justicia abierta permite adoptar mejores condiciones, contribuye con el proceso de rendición de cuentas, refuerza la transparencia, instala un diálogo permanente entre el Estado y la ciudadanía transformando a los ciudadanos en un vigilante de la administración de justicia.

¿Qué es Parlamento Abierto?

Parlamento Abierto es un concepto derivado del de Gobierno Abierto. Es así como del mismo modo está basado en la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y el uso estratégico de las tecnologías de la información para generar soluciones a los retos que estos principios suponen.

Se puede decir entonces que un parlamento abierto debiese rendir cuentas, propiciar el acceso a la información y presentarla de forma transparente y sencilla. Asimismo, un parlamento abierto debiese procurar utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio más para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar espacios de participación  que trasciendan lo informativo y permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las decisiones públicas.

Es así como Parlamento Abierto se ha definido como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables para las y los ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las TIC e internet. 

Fuente: ParlAmericas y la Organización de Estados Americanos

Es una nueva forma de relacionamiento entre los órganos legislativos y la ciudadanía, sustentada en diez principios fundamentales:

  1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.
  2. Publica información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de búsqueda simple.
  3. Publica el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y sesiones plenarias.
  4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.
  5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado.
  6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo legislativo.
  7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano eficaz.
  8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.
  9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y código abierto.
  10. Promueve la legislación a favor de políticas de Gobierno Abierto.

Fuente: Arena Ciudadana, Transparencia Mexicana y Akora MX.

Bibliografía